La legislación italiana castiga a cualquier extranjero que entre o permanezca en el territorio del Estado con estatus irregular, y tanto los agentes de policía como los funcionarios tienen el deber de informar sobre su condición, ya que tiene relevancia penal. Al mismo tiempo, existe un sistema de protección basado en permisos de residencia especiales para víctimas de ciertos delitos con estatus irregular, que son a la vez criminalizados como migrantes irregulares y protegidos como víctimas de delitos. Sin embargo, el temor a ser denunciados puede llevar a la desconfianza de los migrantes a la hora de acercarse a las autoridades públicas. Los servicios sociales en Italia desempeñan un papel clave en el apoyo a las víctimas de delitos con estatus migratorio irregular. Establecen un canal de denuncia seguro a través del cual los migrantes pueden acceder a rutas de inclusión que conducen a un permiso de residencia incluso sin acercarse a las autoridades públicas. Su actividad se refiere a migrantes elegibles para la emisión de un permiso especial por razones de protección especial o permisos especiales por casos de violencia doméstica. Adoptan un enfoque multiagencia que implica la comisión territorial de asilo, actores institucionales, ONG y colaboran en la detección de situaciones de violencia contra los migrantes. El programa de protección implica la organización de alojamiento, recepción inicial, alfabetización y clases de italiano.